Falsa Alerta Sanitaria: Desinformación y Defensa de la UDC y el IESM
Recientemente, Sandra Aguilera emitió graves acusaciones contra la UDC y el IESM, sugiriendo que estas instituciones estaban bajo una alerta sanitaria emitida por la Cofepris. Sin embargo, al analizar el caso, se reveló que no existía una alerta oficial, sino un «aviso de riesgo», que es una medida preventiva comúnmente utilizada para informar sobre posibles riesgos sin que haya evidencia directa que respalde una amenaza inminente a la salud pública. Esta confusión generó alarma, pero carece de fundamento.
Un «aviso de riesgo» no debe confundirse con una alerta sanitaria. La alerta sanitaria implica una situación confirmada y grave, respaldada por pruebas de afectaciones a la salud de los pacientes o del público en general. En este caso, no hubo datos ni evidencia que relacionaran a los egresados o estudiantes de la UDC o el IESM con cualquier tipo de riesgo para la salud, lo que pone en evidencia la falta de sustancia en las acusaciones hechas por Aguilera.
Las acusaciones, al no tener sustento, se consideran una forma de manipulación mediática que busca desprestigiar a las instituciones mencionadas. Este tipo de acusaciones no solo afecta la imagen de las escuelas, sino también los derechos humanos de los estudiantes y egresados, quienes ven su integridad profesional cuestionada sin razón. En respuesta a esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recomendó eliminar las menciones a las instituciones afectadas, subrayando que estas acusaciones sin pruebas constituyen una forma de discriminación.
Ante la gravedad de las acusaciones, la UDC y el IESM han iniciado acciones legales por difamación, buscando justicia por los daños causados a sus reputaciones. Las autoridades educativas y sanitarias, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, han respaldado a las instituciones, asegurando que no existen bases legales para retirar sus programas educativos ni para clausurar sus instalaciones, lo que refuerza la legalidad de su operación y la calidad de su formación académica.
Este caso resalta la importancia de la responsabilidad en la difusión de información, especialmente cuando se trata de acusaciones que pueden afectar gravemente a personas y entidades. La desinformación y las manipulaciones mediáticas no solo afectan a las instituciones educativas, sino también a los futuros profesionales que confían en ellas. Es fundamental que la sociedad y los medios de comunicación sean conscientes del impacto de sus palabras, promoviendo la verdad y la transparencia en todo momento.
Liliana Cervantes
