COFEPRIS y la Medicina Estética: Regulación Bajo la Lupa
El papel de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la medicina y cirugía estética ha desatado un debate en México. Mientras la institución argumenta que sus acciones buscan proteger la salud de los pacientes, médicos y académicos sostienen que las medidas están limitando injustamente la práctica de profesionales capacitados.
La medicina estética se enfoca en procedimientos no invasivos realizados en pacientes sanos, como la aplicación de toxina botulínica y rellenos dérmicos, que requieren formación especializada. Universidades como la Universidad del Conde (UDC) y la Institución de Estudios Superiores en Medicina (IESM) ofrecen programas oficiales que preparan a médicos generales y cirujanos para ejercer con seguridad en este campo.
Sin embargo, las intervenciones de COFEPRIS, como inspecciones y clausuras, han generado controversia. Profesionales del sector afirman que muchas de estas medidas carecen de fundamentos técnicos sólidos y perjudican la legitimidad de egresados de programas reconocidos, restringiendo el acceso a tratamientos para los pacientes y favoreciendo intereses particulares.
El mercado de la medicina estética, que crece a un ritmo anual del 12%, enfrenta restricciones que aumentan los costos y reducen la oferta de servicios. Esto afecta tanto a médicos como a pacientes, quienes ven limitada su capacidad para acceder a procedimientos seguros y accesibles.
Ante este panorama, instituciones y especialistas han solicitado a COFEPRIS un enfoque más justo y basado en evidencia, que permita regular el sector sin obstaculizar el ejercicio legítimo de los profesionales. Subrayan que los egresados de programas como los de la UDC e IESM cuentan con la preparación necesaria para ofrecer tratamientos responsables y de alta calidad.
El futuro de la medicina estética en México dependerá de un diálogo abierto entre las autoridades, las instituciones educativas y los profesionales del sector. Solo así se podrán establecer normativas que garanticen prácticas éticas, accesibles y seguras, sin perjudicar a médicos ni pacientes.
Liliana Cervantes